La Comisión Europea ha publicado nuevas orientaciones sobre los cambios aduaneros que afectarán a las importaciones de bajo valor procedentes de terceros países, con especial impacto en el comercio electrónico internacional hacia la UE.

A partir del 1 de julio de 2026, la Unión Europea aplicará un derecho aduanero temporal de 3 euros por artículo a los envíos con un valor intrínseco de hasta 150 euros importados desde fuera de la UE. Esta medida estará vigente hasta el 1 de julio de 2028, momento en el que pasarán a aplicarse los derechos aduaneros ordinarios según el tipo de producto.

Hasta ahora, este tipo de envíos se beneficiaba de una exención de derechos aduaneros. Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico y la digitalización de los procedimientos aduaneros han llevado a la UE a revisar este marco. La Comisión considera que la exención ya no responde a la realidad actual del mercado y puede generar una ventaja competitiva para determinados modelos de negocio frente a empresas que operan bajo las normas aduaneras tradicionales.

Publicado el 18 de junio, 2026

El objetivo de la reforma es reforzar la equidad, la seguridad y la trazabilidad en las importaciones de productos de bajo valor. En los últimos años, el volumen de artículos adquiridos online desde terceros países ha crecido de forma muy significativa, aumentando la presión sobre las autoridades aduaneras y los controles de cumplimiento.

La nueva medida busca garantizar que todos los operadores que introducen productos en el mercado europeo estén sujetos a obligaciones aduaneras, independientemente de si venden en grandes volúmenes o mediante envíos individuales al consumidor final.

Además, la Comisión Europea señala que una parte relevante de los productos importados a través de comercio electrónico no cumple con los estándares europeos de seguridad, etiquetado, documentación o conformidad. Por ello, la reforma pretende también proteger a los consumidores y reforzar la competencia leal dentro del mercado único.

El nuevo derecho temporal se aplicará a mercancías en envíos de hasta 150 euros vendidas a distancia, como compras online realizadas a proveedores de fuera de la Unión Europea.

El importe se aplicará por artículo y no necesariamente por paquete. Esto significa que, si un envío contiene varios artículos con distinta clasificación, el derecho podrá aplicarse a cada uno de ellos.

Por ejemplo, un paquete con un único tipo de producto podrá estar sujeto a 3 euros, mientras que un paquete con dos artículos diferentes podría estar sujeto a 6 euros.

La responsabilidad recaerá principalmente en el declarante aduanero. En función del modelo utilizado, este puede ser el vendedor, la plataforma, el operador que utilice el sistema IOSS, el usuario de regímenes especiales o su representante indirecto.

Solo en casos residuales podría recaer sobre el consumidor, por ejemplo, en aquellos Estados miembros que dispongan de sistemas gratuitos de declaración online para particulares.

En este sentido, la Comisión aclara que no se trata de un nuevo impuesto al consumidor, sino de la sustitución de una exención aduanera que la UE considera obsoleta en el contexto actual del comercio electrónico.

Otra de las novedades relevantes es la introducción de identificadores de producto, conocidos como PID. Estos identificadores permitirán mejorar la trazabilidad de las mercancías importadas y facilitar los controles aduaneros sobre productos que puedan presentar riesgos o incumplimientos normativos.

Los operadores podrán declarar estos identificadores de forma voluntaria desde el 1 de julio de 2026, y su uso será obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2026.

Esta obligación afectará especialmente a vendedores online, marketplaces, plataformas, fabricantes, proveedores y declarantes aduaneros, que deberán asegurarse de que la información del producto esté disponible, sea correcta y pueda transmitirse a las autoridades aduaneras.

Las empresas que importan productos de terceros países, venden online en la Unión Europea o trabajan con marketplaces y operadores logísticos internacionales deberán revisar cómo les afecta esta medida.

Entre los aspectos clave a analizar se encuentran la clasificación arancelaria de los productos, el valor intrínseco de los envíos, la figura del declarante, el impacto del nuevo derecho en costes y márgenes, y la adaptación de los sistemas internos para incorporar identificadores de producto.

Aunque se trata de una medida temporal, anticipa un cambio más amplio en la gestión aduanera del comercio electrónico en la UE, con un modelo cada vez más digital, trazable y orientado al control del cumplimiento normativo.

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