Verifactu obliga a emitir facturas exclusivamente mediante software certificado, garantizando autenticidad, integridad y trazabilidad. Para empresas con actividad internacional —donde conviven ERPs, integraciones logísticas y distintos requisitos fiscales— la medida supone una adaptación profunda de procesos, pero también una oportunidad para mejorar eficiencia, reducir morosidad y profesionalizar la gestión.

Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 50.000 euros, por lo que el tiempo adicional permitirá revisar sistemas, resolver dudas técnicas y planificar inversiones de forma ordenada.

Aunque la prórroga alivia a pymes y autónomos, la obligación permanece. El Consejo de Ministros ha señalado que el objetivo es garantizar una implantación homogénea y evitar distorsiones entre empresas. En sectores exportadores —donde la facturación digital es clave para la trazabilidad y la coordinación con mercados exteriores— avanzar en la preparación será esencial para evitar tensiones operativas en 2027.

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